Feminicidios: el discurso postizo

(¿Qué es lo último que oyeron, vieron, pensaron? ¿De dónde salió la daga, la detonación, la soga? ¿Es llanto o sangre lo que escurre por el filo de su último suspiro? ¿En qué baldío su aterida esperanza se asfixia o desangra? ¿Y ese flashazo del morbo no es también otra laceración? ¿Y esa mano que ejecuta no es la par de aquella otra que dicta un oficio y remarca “casos aislados”? ¿No son el silencio y la apatía una sábana mortuoria? ¿Quién responde?)

Los feminicidios de las últimas semanas en Puebla ocupan gran parte de las notas periodísticas y el reclamo ciudadano para decretar una alerta de género no se ha hecho esperar. Más allá de cualquier enfoque sociológico o psicológico acerca de las motivaciones criminales para atentar contra una mujer, existe la percepción de que no sólo estamos ante una completa incapacidad gubernamental para garantizar los más elementales derechos ciudadanos, sino ante un escenario de indefensión e inseguridad a escala sistémica.

Podrá el fiscal general Víctor Carrancá argumentar que se ha resuelto la mayoría de casos de feminicidios (aunque sólo reconoce 4 de los 15 denunciados); podrá minimizar una violencia que se desborda ya a los niveles de Ecatepec y Ciudad Juárez declarando que se ha capturado en la mayoría de asesinatos a los responsables, y que la suma de todos no da como resultado una agresión sistemática contra la población femenina, sino una politización de varios “casos aislados”; podrá, incluso, en connivencia con la legislatura local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aplazar el decreto de una alerta de género en el estado, pero todo eso no alcanza para responder una cuestión central: ¿no son acaso los feminicidios, las desapariciones, la trata, el lenocinio, expresiones de la corrupción y la impunidad que tolera un sistema de justicia –ese sí– vilmente politizado?

Es obvio que el gobierno estatal se niegue a declarar una alerta de género, pues sería tanto como exponer públicamente las ineficiencias, incapacidades y descomposición de las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad (cosa que en tiempos electorales equivale al suicidio político), sin embargo, la sociedad debe ir más allá de la exigencia de una simple declaratoria, de un protocolo que ni siquiera ha probado su efectividad; debe expresar por todos los medios posibles su rechazo a las políticas inmediatistas y fortuitas con que el gobierno pretende ocultar a las muertas y desaparecidas entre discursos y declaraciones triunfalistas.

En un contexto generalizado de violencia y atentado contra los derechos humanos en Puebla, los feminicidios son otro doloroso ejemplo de que una es la mano que ejecuta y su par la que maquilla desde las instituciones el terror cotidiano. ¿Quién responde?